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Combate gobierno de Ecuador ocupación irregular de tierras urbanas

30/01/2011 12:29 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

El gobierno del presidente ecuatoriano Rafael Correa desarrolla una intensa campaña contra los asentamientos irregulares de tierras urbanas en todo el país, en el afán de frenar un fenómeno que deriva en marginalidad. Grupos policiales y militares acuden de manera sorpresiva a desalojar a familias que se han asentado en terrenos que carecen de servicios básicos, en los alrededores de las ciudades más pobladas del país. Según la estrategia gubernamental, los operativos, que comenzaron de manera intensa en diciembre pasado, afectan asentamientos recientes. En el caso de aquellos que tienen unos 10 años, el presidente Correa ha dicho que su gobierno reubicará a sus habitantes en sitios en los que se construirán planes de vivienda popular. Mientras en aquellos que registran más de 15 años de antigüedad, se propone consolidarlos, dotándolos de servicios básicos. Medios locales reportan 947 ocupaciones de tierras urbanas en el país, pero la ciudad en donde el fenómeno se manifiesta con más intensidad es Guayaquil, donde el “suburbio”, sinónimo de marginalidad, es extenso y la delincuencia es más fuerte. Ello ha llevado a Correa a criticar el modelo de desarrollo urbano que aplica en esa ciudad el Partido Socialcristiano en los últimos 20 años, marcado por la modernización y desarrollo arquitectónico y vial de focos del gran comercio y del turismo. En esa ciudad, el gobierno se propone ejecutar un plan que contempla la reubicación de seis mil familias desalojadas de las invasiones, a quienes entregará un bono por el cual deberán pagar 50 dólares mensuales por un lapso de 12 años. El gobierno sostiene que el tráfico de tierras para vivienda es una actividad que ha propiciado la formación de grupos mafiosos que se aprovechan de la necesidad de vivienda de grupos de población pobre para explotarla de diversa manera. La explotación consiste en el pago por terrenos sobre los cuales los ocupantes no tienen propiedad legal y por servicios de energía eléctrica de conexión clandestina a la red legal, sin que cuenten con agua potable y alcantarillado.


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