Cambiar la reforma tributaria, cambiar la reforma a la salud, renuncia del ministro de hacienda y cancelación de la sede de la copa América, son las consecuencias más destacadas que hasta el momento se han materializado a causa del paro nacional, que desde el pasado 28 de abril se sostiene en Colombia y que fue detonado por la propuesta de reforma tributaria realizada por el gobierno, la cual pretendía subir el IVA a varios productos, reducir los valores de declaración de renta, gravar con impuestos nuevos productos entre muchas otras medidas que afectarían directamente la ya reducida economía de los colombianos.

Para entender el problema de esta inusual situación que ha paralizado todo el país por casi un mes, debemos comprender la naturaleza del disgusto que los ciudadanos dan a entender a su gobierno y al mundo, y es que, si bien fue el documento de reforma tributaria el catalizador de este movimiento, son muchas las causas que han lleva al pueblo colombiano al límite, dentro de las cuales se encuentran grandes escándalos de corrupción como Reficar (con un costo de más de 5 billones de pesos), Saludcoop (con cerca de 1, 4 billones), El cartel de la hemofilia (con cerca de 86 mil millones de pesos), entre muchos otros.

Según indican los manifestantes, a parte de la corrupción a gran escala, encontramos una sociedad en la cual la carga tributaria es particularmente alta para las clases bajas y media, quienes, tras la pandemia del SARS COV-2 se vieron significativamente afectados, unos al verse obligados a cerrar pequeños negocios, otros al perder sus empleos que en gran parte de la población se hallaban en la informalidad.

Dentro de las medidas que el gobierno nacional ha tomado para la amortiguación del efecto de la pandemia, estuvo la inyección de capital a la banca privada con el fin de  realizar préstamos a empresas, amortización de deudas y apoyo a la reactivación económica del país, no obstante, el efecto resultante no fue el planteado por el gobierno, ya que muchos ciudadanos reportaron abusos de las entidades bancarias al aprovechar la situación para obtener mayores beneficios mediante la refinanciación de deudas, el cobro de intereses durante los meses de la emergencia, entre otras.

Sumado a esto, tenemos los altos gastos que el gobierno realiza en los funcionarios de más alto rango, donde podemos encontrar congresistas ganando poco más de $34.400.000 COP, contrastando fuertemente con el salario mínimo de $908.000 COP, el cual ni siquiera es alcanzado por buena parte de la población, más los beneficios que estos funcionarios poseen como transporte, gasolina, planes de celulares, etc.

Instituciones de derechos humanos han reportado que los abusos por parte de la policía han sido significativamente mayores a los que se esperaría en este tipo de confrontaciones

Los peajes también son un punto importante en el descontento de los ciudadanos, siendo un total de 146, lo que sin duda resulta excesivo considerando que el país cuenta con 19.306 Km de vías primarias y 45.137 Km de vías secundarias estando muchas de ellas en mal estado, mientras los usuarios continúan pagando estos peajes que se supone, son para garantizar su buen estado.

Por otra parte, tenemos los asesinatos a líderes sociales que suman más de 400 desde el inicio del actual gobierno presidido por Iván Duque, situación que pone al gobierno en los ojos de organismos internacionales al identificar la falta de compromiso en cuanto a la lucha de los derechos humanos se refiere, esta situación de violencia ha trascendido a toda la sociedad, siendo agraviada en el campo, donde reiteradamente se presentan abusos de grupos al margen de la ley sin que el gobierno haga nada en un sentido práctico  para proteger a la población.

Estas situaciones fueron el combustible que alimento la actual condición de paro, la cual ha desencadenado en violencia por ambas partes, ya que hay reportes de policías, así como de ciudadanos asesinados y heridos, no obstante, instituciones de derechos humanos han reportado que los abusos por parte de la policía han sido significativamente mayores a los que se esperaría en este tipo de confrontaciones con protestantes, siendo prueba de ello un sinfín de videos que circulan en internet, en los cuales se observan ciudadanos siendo golpeados, arrestados, agredidos de forma completamente desproporcionada.

Con lo anterior no se pretende decir que la culpa es completamente de la policía, ya que el caos es la consecuencia de este tipo de situaciones, no obstante, existen registros suficientes para cuestionarse sobre el exceso de fuerza por parte de la fuerza pública, la cual naturalmente tiene su derecho y obligación de cumplir su trabajo mientras vela por su propia integridad, pero claro está, siempre en cumplimiento de la constitución y en pro de la protección de los ciudadanos.

No se sabe cómo terminará esta situación, ya que, por un lado, el pueblo colombiano está en su derecho de protestar por una situación de desigualdad muy marcada, y que se ha sostenido por más de dos siglos, mientras que el gobierno parece estar más interesado en continuar con unas políticas, que a priori, pretenden mover aún más la balanza hacia el lado de las clases más altas del país.

Si bien fue el documento de reforma tributaria el catalizador de este movimiento, son muchas las causas que han lleva al pueblo colombiano al límite