De izq. a dcha.: Fabio Ochoa, Guillermo Londoño, Óscar Escobar,

Jorge Vélez, Mario Vélez y Santiago Uribe, en 1985

(imagen capturada en Agencia Prensa Rural ) Durante el período 1993-1997 en Yamural (departamento de Antioquía, Colombia) tuvo sede una banda paramilitar conocida popularmente como Los Doce Apóstoles, cuya base era la finca La Carolina, propiedad de la familia Uribe.

Miembros de ese grupo, según los testimonios de que dispone la Fiscalía, asesinaron a un mínimo de 30 personas. Hace ya cuatro años, en 2010, el ex oficial de la policía colombina (con grado de mayor) Juan Carlos Meneses declaró ante un grupo de letrados y del nobel Pérez Esquivel que Santiago Uribe, hermano del ex presidente colombiano, fue el creador y el líder de Los Doce Apóstoles . Muy probablemente, el testimonio y las pruebas de que dispone Meneses constituyen la más relevante aportación para probar los nexos personales que existían entre quien fue presidente del país y las bandas paramilitares, cuyo objetivo central no era tanto combatir contra las FARC como someter a los trabajadores del rural, eliminar físicamente a sus dirigentes, destruir los sindicatos y, en definitiva, proteger los intereses de los latifundistas prescindiendo de normas y leyes. Las dificultades y los asesinatos que "adornan" la instrucción del caso Yamural reflejan, entre otras singularidades, lo poco que ha avanzado la Justicia en Colombia y el largo camino que les queda por recorrer a quienes apuestan por acabar con una guerra civil que a criterio de la mayoría de historiadores y analistas se inició en 1953, ¡hace ya más de 60 años !, a raíz del golpe de Estado que aupó a la presidencia al general Gustavo Rojas Pinilla . Si Meneses es asesinado, ya se sabe quienes serán "corresponsables" por desidia Meneses ha advertido públicamente a través de Las dos orillas que teme ser la octava víctima de los mafiosos y políticos que tratan de dinamitar esta y otras investigaciones judiciales. De las personas que, como Meneses, se sabe que podrían proporcionar información sobre los miembros, mantenedores y colaboradores de la banda paramilitar de Antioquía quedan vivos los siguientes: * Pedro Manuel Benavides, capitán de la policía que ejerció de comandante del destacamento de Yarumal (fue reemplazado por Meneses en 1994, que ha declarado que fue Benavides quien le puso en contacto con los Uribe); * Alexander Amaya, policía de Yamural que ha confesado en sede judicial haber pertenecido a la banda, por lo que está encarcelado; * Gonzalo Javier Palacio Palacio, el cura católico que según varios testimonios bautizó al grupo de criminales como Los Doce Apóstoles, a cuyos miembros prestó "ayuda espiritual"; * Álvaro Vásquez, alias Rodrigo, propietario de un restaurante, que era el encargado de ofrecer los servicios de los paramilitares a los propietarios de fincas y empresarios de la región y que, siempre según los testimonios ya recabados, era la persona de confianza de Santiago Uribe y actuaba como enlace entre este y los delincuentes (Vásquez está huido en paradero desconocido, o acaso ya muerto...), y * Los propietarios del latifundio Los Llanos de Cuibá, dos hermanos conocidos como Los Mellizos, que según las declaraciones que obran en poder de la Fiscalía sufragaban gastos de la banda y colaboraban en los suministros de material (incluidas armas), además de aportar información para decidir los "objetivos". Hasta ahora, ya han sido asesinados el que fue uno de los informadores del grupo, conocido como El Relojero por ser propietario de la relojería ubicada junto al consistorio de Yarumal; los hermanos Múnera; Hernán Darío Zapata, más conocido como Pelo de Chonta; y los Pemberthy, sicarios que prestaron servicios al grupo. Santiago Uribe fue imputado dos veces por el caso Yamural y en ambas ocasiones la Fiscalía desestimó los cargos: en 1996, siendo gobernador de Antioquía su hermano Álvaro, y en febrero de 2000. La Fiscalía solo tardó un mes en incumplir su compromiso Meneses, que estuvo protegido por ACNUR (agencia de Naciones Unidas para los refugiados), se entregó a la Justicia colombiana el pasado mes de enero previa negociación con el fiscal que investiga su posible responsabilidad en el asesinato de Camilo Barrientos Durán en 1994, cuando Meneses era comandante de la policía de Yamural. El ex mayor de policía se puso a disposición de la Justicia a cambio de recibir protección , para lo que se benefició de un decreto gubernamental específico estableciendo que los miembros del ejército y de la policía no fueran encarcelados en penitenciarías comunes. Sin embargo, apenas un mes después de entregarse Meneses fue trasladado a la masificada y peligrosa cárcel bogotana de La Picota, donde comparte espacio y temores con otros funcionarios acusados o ya condenados por delitos vinculados al paramilitarismo. En la misma prisión, aunque en distinto pabellón, está encarcelado uno de los señalados por Meneses como miembro de Los Doce Apóstoles, Alexander Amaya, quien ha manifestado en varias ocasiones su intención de vengar la delación . [Meneses se había negado hasta ahora a conceder entrevistas a los medios, pero a la vista de que las autoridades han incumplido sus compromisos, ha mantenido un encuentro con Sebastián Díaz-López, periodista de Las dos orillas : enlace a la entrevista ] La actitud de la Justicia es incomprensible Resulta difícilmente comprensible que las autoridades incumplan la obligación de proteger la vida de quien a fecha de hoy es el testigo más valioso para esclarecer la puesta en marcha y las acciones de una de las principales bandas de paramilitares que operaron en Antioquia, departamento del que fue nombrado gobernador Álvaro Uribe Vélez en 1995 ... El traslado de Meneses a La Picota, con el consiguiente riesgo de que sus enemigos ejecuten las amenazas de muerte ya vertidas, es todavía más incomprensible si se tienen en cuenta que a estas alturas nadie ignora, la Fiscalía tampoco, que el año pasado se frustró el intento de los Uribe de alcanzar un acuerdo con Meneses para que este no declarara. Juan Carlos Meneses, cuyas acusaciones han evitado publicar numerosos medios colombianos , no solo habla, sino que además es, de momento, el único testigo que aporta pruebas de lo que dice; de modo que no brindarle la protección adecuada no solo resulta extraño, sino que además alimenta racionales y lógicas sospechas. CON ANTERIORIDAD, febrero 2013: " Ya es oficial, Uribe Vélez es investigado como presunto responsable o inductor de más de 3.000 asesinatos ".