Las autoridades mexicanas clausuraron de forma temporal parte de las instalaciones de la firma Buenavista del Cobre, acusada del derrame por negligencia de miles de litros cúbicos de ácido sulfúrico en un río, informó este lunes la fiscalía ambiental.

Por "diversas irregularidades" encontradas en instalaciones de la mina de cobre más grande del país que representan "un riesgo inminente", la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) impuso "una segunda clausura parcial (y) temporal a instalaciones de la mina Buenavista del Cobre-Grupo México", señaló esa institución en un comunicado.

Grupo México, que opera minas en Perú y Estados Unidos, envió por smez parte este lunes un comunicado a la Bolsa de Valores de México en el que argumentó una vez más que el derrame ocurrido el 6 de agosto pasado de 40.000 litros cúbicos de ácido sulfúrico en un río de Sonora (noroeste) se debió a las fuertes lluvias, aunque reconoció por primera vez como otro detonante del caso a "un defecto de construcción" en una tubería.

La Profepa destacó que "con la segunda clausura se limita el proceso de lixiviación -parte del complejo proceso para obtener cobre- de dicha mina", ubicada en Cananea, fronteriza con Estados Unidos, que produce unas 200.000 toneladas del metal al año y que planea ampliar a 510.000 toneladas anuales para 2016 con una inversión de 3.200 millones de dólares.

La fiscalía federal (Procuraduría General de la República, PGR) allanó la noche del viernes instalaciones de la gigantesca mina a cielo abierto en busca de evidencia que permita demostrar que el vertido del ácido se debió a una falta en la instalación y construcción de un ducto. El sábado se había dispuesto la clausura de un primer sector del complejo minero.

Grupo México operaba en 2006 una mina de carbón en el estado de Coahuila (norte), clausurada después de que el 19 de febrero de ese año una explosión dejó sepultados a 65 mineros, cuyos cadáveres no han sido rescatados hasta el momento.

El vertido de la sustancia tóxica en el Río de Sonora -de más de 400 km de longitud- obligó el cierre de pozos de agua que abastecen a unas 20.000 personas de esa región.

La Profepa intenta que la multa que se le aplique a la empresa minera, aún en trámite y limitada por leyes mexicanas para estos casos a un máximo de unos 224.000 dólares, pueda ampliarse con más argumentos judiciales hasta al menos unos tres millones de dólares.