Argentina poseía una legislación considerada ejemplar en materia migratoria, pero las modificaciones introducidas en enero de este año constituyen un retroceso, lamentó este miércoles una alta experta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

"Estamos preocupados porque Argentina era un gran ejemplo sobre cómo tratar y administrar la cuestión migratoria, pero con los decretos firmados recientemente ha habido un retroceso", dijo la comisionada Margarette Macaulay en una conferencia de prensa en Washington.

El lunes la CIDH había organizado de oficio una audiencia pública sobre esas modificaciones por establecer una relación directa entre los migrantes y la criminalidad.

En la rueda de prensa realizada al fin del 161º período de audiencias de la CIDH, Macaulay (que es responsable de los temas relativos a migración) también expresó la preocupación de la comisión por la "creación de centros de detención para migrantes" el año pasado.

En la tensa audiencia que se había realizado el lunes, entidades denunciaron que el decreto firmado a fines de enero, que reforma la legislación migratoria vigente desde 2003, responsabilizaba a los inmigrantes por un cuadro de inseguridad ciudadana.

"Nos utilizan para resolver el problema de la inseguridad. Somos el 4, 5% de la población del país; es ofensivo y humillante que nos atribuyan responsabilidad por la delincuencia", había dicho Marta Guerreño, de la Unión de Colectividades de Inmigrantes de Córdoba (UCIC).

En tanto, el secretario argentino de Derechos Humanos, Claudio Avruj, alegó que "no se trata de perseguir migrantes. La nacionalidad de quien delinque no es parte del debate. Controlar el ingreso y residencia de los inmigrantes es también parte de los derechos humanos".