El Código de Conducta Responsable, que protege los derechos indígenas ante proyectos y obras de empresas, significará un gran cambio en la situación de los pueblos originarios en Chile, afirmó hoy el líder mapuche Aucán Huilcamán. En entrevista con Notimex, Huilcamán dijo que el Código establece protecciones para los intereses de los pueblos indígenas ante las inversiones que se desarrollen en sus territorios y "frena prácticas empresariales que atentan contra nuestros derechos". "Sin duda, (la normativa) va a tener que afectar con toda certeza los proyectos forestales en el sur, los que existen y los que pudieran venir y también afectará a los proyectos mineros y centrales hidroeléctricas", aseveró. A juicio del werkén (líder) de la organización mapuche Consejo de Todas las Tierras, "los empresarios tendrán que hacer grandes esfuerzos para que el pueblo indígena confíe en ellos". Sostuvo que el pueblo mapuche espera con expectativas la entrada en vigencia de este nuevo Código, que responde a un compromiso del gobierno ante la comunidad internacional, en los marcos del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). "La aplicación del Código se verá reforzado con la aplicación del Convenio 169 y va a cambiar totalmente el escenario de desprotección que hemos vivido los pueblos indígenas. Y los mapuches estamos listos para que esta situación de desprotección cambie", subrayó. La aplicación del Código de Conducta Responsable tendrá injerencia en un territorio de nueve millones 448 mil 630 hectáreas repartidas en todo el territorio chileno y genera normas de protección para los pueblos indígenas ubicados en esa extensa área. El Código, en el que quedan aún etapas por solucionar, está basado en el Convenio 169 de la OIT, el que fue suscrito por Chile en el año 2000 y luego ratificado por el Congreso a inicios de 2007. A juicio de los empresarios, falta por resolver la forma de aplicar la normativa en terrenos de las Areas de Desarrollo (ADIs), donde no sólo hay territorios indígenas, sino que también de particulares, sobre los cuales tendría injerencia el nuevo estamento. El sector privado advirtió además que la aplicación del Código, a partir de septiembre próximo, frenará las inversiones y nuevos proyectos productivos en el país sudamericano. El sistema, que entrará en vigencia en septiembre próximo, plantea a las empresas evaluar sus proyectos cada tres años y compartir sus beneficios con los indígenas que están en la zona donde se desarrolla la inversión. Especial preocupación han manifestado al gobierno las empresas agrícolas, forestales, eléctricas y mineras ante un nuevo sistema de certificación de proyectos que contempla el Código para las iniciativas que se instalen en territorios indígenas. A partir de septiembre próximo, las empresas públicas de manera obligatoria y las privadas de forma voluntaria tendrán que certificar sus proyectos en una especie de evaluación de impacto ambiental, pero que vele por el respeto a los indígenas. Cuando la iniciativa se convierta en ley, su cumplimiento será obligatorio para todos, incluida la empresa privada, cuya primera reacción ha sido anunciar que con la medida se hará "impracticable el emprendimiento de inversiones de mediano y largo plazo".