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La Cámara podría fijar un calendario para convocar una consulta popular con el acuerdo de CiU, ERC, ICV y SI
Con la celebración entre este martes y el jueves del debate de política general en el Parlament, la novena legislatura de Cataluña entrará en su fase decisiva y puede que final. Lo hará haciendo suyo el clamor independentista de la multitudinaria manifestación del pasado 11 de septiembre en Barcelona. Las fuerzas sobreranistas aún no han consensuado el texto de conclusión del debate, pero trabajan en un pronunciamiento a favor de que los ciudadanos catalanes puedan ejercer el derecho a decidir su futuro que será todo un desafío para el Gobierno central. Tras agotar la vía del pacto fiscal, Artur Mas prepara los escenarios del "cambio de rasante", entre los que está una declaración conjunta el jueves que viene, el día que se votan las resoluciones, que iría más allá del reconocimiento del derecho de autodeterminación de Cataluña, algo ya proclamado en el Parlament en otras ocasiones. CiD, ERC, ICV y Solidaritat negocian un texto, según reconoció este domingo Oriol Pujol (CiU), que expresaría de forma inequívoca la voluntad del pueblo catalán de pronunciarse respecto al vínculo con el Estado español y que estaría basado en el lema de la marcha de la Diada: "Cataluña, nuevo Estado de la Union Europea". Lo que no será, dijieron desde Unió, es un brindis al sol. Además, en la resolución, las fuerzas nacionalistas podrían incluir un calendario concreto para llamar a la ciudadanía de Cataluña a votar sobre su futuro. La potestad de convocar referendos la tiene en exclusiva el Gobierno central, aunque la Generalitat, con ayuda de ERC, ultima una ley de consultas populares para poder conocer la opinión de los catalanes sin necesidad de que lo apruebe el Ejecutivo de Madrid. En principio, estas consultas no tendrán carácter de referéndum, no serán vinculantes y no tomarán el censo electoral como referencia, sino el padrón municipal. En cualquier caso, el resultado de la misma tendría un valor muy simbólico y buscaría presionar para la eventual convocatoria de un referéndum, en este caso por parte del Gobierno, como los dos que se celebraron en Quebec o el que está previsto en Escocia en 2014.
Es el propio líder popular quien ha de mover ficha y buscar el entedimiento