Caos en la región de Puno por protestas de indígenas aymaras

La violencia y el caos se instaló en la provincia andina de Puno, en la frontera con Bolivia, donde indígenas aymaras quemaron vehículos y atacaron la Gobernación, Contraloría y otras oficinas gubernamentales. Han transcurrido 19 días desde que iniciaron las protestas contra las actividades mineras, sin que el gobierno central logre desactivar la crisis que amenaza con empañar las elecciones presidenciales del próximo 5 de junio. La víspera, unos 15 mil pobladores del sur de Puno marcharon por el centro de la provincia para exigir la anulación de concesiones mineras en la región. Varias tiendas y establecimientos públicos y privados fueron saqueados por algunos pobladores que aprovecharon las protestas, en tanto la Policía se mantiene a la expectativa y en cualquier momento intervendría. El viceministro de Minas, Fernando Gala, consideró “inviable” cancelar por decreto supremo las concesiones mineras y petroleras, motivo de los 19 días de protesta en Puno, próximo al lago de Titicaca, donde la víspera se generó la violencia. “Solo una sentencia del Poder Judicial o una ley del Congreso puede anular la concesión minera, ya que se trata de una propiedad inscrita”, aclaró el funcionario. Consideró que hay una posición muy intransigente de parte de los comuneros de Puno, que no han cedido en sus pretensiones, con lo cual “encontrar una solución está más complicada, pero voluntad del Ejecutivo existe en todo momento”. El presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, Pedro Martínez Carlevarino, declaró a una emisora limeña que existe una manipulación del tema en Puno. “Hay de hecho un contenido político”, dijo. Deploró los actos de violencia registrados durante el paro en Puno contra las concesiones mineras. A las protestas de los campesinos se sumó el presidente regional de Puno, Mauricio Rodríguez, quien lamentó que el Ejecutivo no accediera a la derogación de un decreto para la cancelación de las actividades de la mina Santa Ana. Los campesinos exigen la revisión de las concesiones mineras, pero no hay ninguna propuesta alternativa al pliego de reclamos, indicó el funcionario regional y añadió que tras esa negativa gubernamental se desató el caos. El fiscal encargado de la Primera Fiscalía de Prevención del Delito en Puno, Gilmar Chávez, advirtió que si siguen los saqueos y hechos de violencia los dirigentes de la protesta serán sancionados penalmente. Las protestas han ocasionado el desabasto de alimentos y combustibles en Puno, un poblado de 120 mil habitantes que está asentado frente al Lago Titicaca, el más alto del mundo. Cientos de turistas están varados en esa zona debido a que ha sido bloqueado el área de acceso al aeropuerto de Puno y también está cerrada la carretera que comunica a Bolivia con Perú.