EE.UU busca nuevas maneras de debilitar el régimen de Cuba de forma indirecta

Las empresas de telecomunicaciones estadounidenses pueden a partir de ahora proponer “servicios de comunicación en línea, como mensajería instantánea, chat y correo electrónico” hacia Cuba, Irán y Sudán, para fomentar la libertad de expresión, anunció el Departamento del Tesoro la semana pasada.

En Cuba el acceso a internet está fuertemente limitado para los ciudadanos, tanto legalmente como económicamente. En Estados Unidos, las grandes empresas del sector como Microsoft no se atrevían por su parte a autorizar el funcionamiento de ciertos programas en la isla por temor al embargo.

Hasta ahora, la estrategia estadounidense era más directa, producto de la confrontación que buscaba el gobierno de George W. Bush.

Un contratista del Departamento de Estado, Alan Gross, fue detenido en diciembre pasado en La Habana, acusado de haber distribuido celulares y materiales de comunicaciones a opositores, o simples grupos civiles, según Washington.

Esos programas, en parte herencia del gobierno Bush, están siendo revisados, reconoció hace dos semanas ante el Senado la secretaria de Estado, Hillary Clinton.

“Estamos revisando los riesgos (…) para que la gente que viaje para reforzar la misión de promover la democracia, suministrando aprovisionamiento y material a los cubanos, tome las precauciones necesarias”, explicó Clinton.

Sin embargo, según distintos legisladores de la comunidad cubanoestadounidense, esa revisión implica de hecho la paralización del envío de contratistas como Gross a la isla.

El senador demócrata de origen cubano Robert Menéndez denunció esa supuesta paralización en la audiencia con la secretaria Clinton, tras mencionar una circular que, según dijo, el Departamento de Estado mandó a contratistas.

“Básicamente ese correo electrónico sugiere que los grupos no viajen a Cuba para llevar a cabo nuestros programas de (promoción de) la democracia”, criticó Menéndez.

La oficina de Menéndez declinó dar más detalles de esos mensajes a la AFP, y el Departamento de Estado se limita a indicar desde entonces que la revisión de los programas aún no ha finalizado.

La empresa para la que trabajaba Gross a cuenta del Departamento de Estado, Development Alternatives (DAI), aseguró a la AFP que no había recibido ninguna indicación en ningún sentido.

“Estamos listos para acatar la decisión de suspender el programa si es necesario”, explicó un portavoz de DAI, Steven O’Connor.

Otros legisladores de origen cubano, que tradicionalmente se oponen a cualquier suavización de las medidas contra el régimen castrista, aseguran también que Washington está aflojando la presión.

El gobierno de Barack Obama rechaza esa apreciación, pero su margen de maniobra parece estrecho.

Los republicanos consiguieron bloquear durante casi todo el año pasado nominaciones clave del Departamento de Estado a causa de la política hacia Cuba, y esa vigilancia continúa, en un año electoral decisivo en estados como Florida.

Vía Agence France-Presse