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BlaBlaCar anunció este miércoles que va a denunciar ante la Comisión Europea a la Comunidad de Madrid, en respuesta al expediente sancionador que abrieron éstas contra la aplicación líder de viajes en coche compartido, el primero en todo el mundo.
La empresa francesa, presente en 22 países, indicó en un comunicado que "ha tomado la decisión de denunciar a la Comunidad de Madrid ante la Comisión Europea, por ver vulnerado su derecho a la libre prestación de servicios y su libertad de establecimiento dentro del territorio de la Unión Europea".
Jaime Rodríguez, director general de BlaBlaCar en España y Portugal, indicó a la AFP que la denuncia se presentará ante la Dirección general de mercado interior de la Comisión Europea, al considerar que el Gobierno madrileño "está obstaculizando nuestra actividad".
Rodríguez dijo que, según le han explicado las autoridades madrileñas, el expediente fue enviado en agosto a la sede francesa de la compañía, si bien aseguró que allí "nadie ha recibido nada".
La filial española de BlaBlaCar, Comuto Iberia, con 3 millones de usuarios, se expone a una multa de 8.803 euros a causa de tres expedientes abiertos por las autoridades madrileñas, que fueron dados a conocer el lunes.
La empresa, creada en Francia hace diez años, reconoció que es la primera vez que tiene un problema jurídico de este tipo.
Dos de estos expedientes se deben a sendos conductores registrados en la aplicación y que, según una inspección aleatoria, pudieron haber incurrido en un beneficio ilícito.
El otro es por "operar sin licencia habilitante", dijo el lunes a la AFP Pablo Rodríguez Sardinero, director general de Transportes de la Comunidad de Madrid.
Según Rodríguez, los expedientados, que se enfrentan cada uno a una multa de 4.001 euros, cobraron no sólo por gastos, esto es, gasolina y peajes, sino también por "costes", como la amortización del seguro del vehículo o el préstamo del mismo.
Tras rechazar el lunes las acusaciones, BlaBlaCar volvió a la carga este miércoles, aseverando que "las aportaciones recibidas por los conductores a través de la plataforma no superaron nunca sus costes de desplazamiento, por lo que nunca serían sancionables".
"No somos una empresa de transporte", sino una red social sin ánimo de lucro para sus usuarios, y "en ningún caso ni BlaBlaCar ni los condutores afectados han incumplido la ley", insistió.
La plataforma digital, que pone en contacto a conductores y pasajeros que van a realizar un mismo trayecto, entró en España en 2010, coincidiendo con la crisis económica, como un producto atractivo por la posibilidad de viajar más barato de una ciudad a otra.
Al mismo tiempo, su modelo de negocio es denunciado como "competencia desleal" por los sectores del autocar (autobuses de larga distancia) y del taxi, muy poderoso este último, ya que emplea a unas 100.000 personas en el país.