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Betancourt solicita al Estado colombiano $ 6, 5 millones

13/07/2010 08:38 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

A título de reparación por los seis años de secuestro que sufrío

La ex rehén de las FARC Ingrid Betancourt pidió una reparación al Estado colombiano de 6, 5 millones de dólares por daños económicos y morales sufridos durante sus seis años de secuestro, lo que desató una polémica en Colombia.

Betancourt y sus familiares presentaron el 30 de junio dos solicitudes de conciliación extrajudicial, en las que piden una compensación monetaria por un total de 13.000 millones de pesos (unos 6, 5 millones de dólares), reveló este viernes el ministerio de Defensa.

La demanda sostiene que el Estado colombiano falló en garantizarle la seguridad, según extractos del texto legal divulgados por la prensa.

Ahora, la Procuraduría debe iniciar un proceso de conciliación entre Ingrid Betancourt, su hermana Astrid, su madre Yolanda Pulecio, y sus hijos Melanie y Lorenzo Delloye, por una parte, y el gobierno de Colombia, por la otra.

Si en esa instancia no se logra un acuerdo, Betancourt y sus familiares podrían interponer una demanda administrativa ante el Consejo de Estado.

Es la primera vez que la Procuraduría colombiana recibe una petición de este tipo.

La demanda fue de inmediato criticada por funcionarios, dirigentes, y gente común en comentarios en los espacios de internet y en la radio.

Betancourt, de nacionalidad colombiana y francesa, fue plagiada por las izquierdistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en febrero de 2002 y rescatada por una operación de las fuerzas militares colombianas el 2 de julio de 2008.

El ministerio de Defensa de Colombia se declaró “sorprendido y apesadumbrado” por la solicitud, y recalcó que con la Operación Jaque, que logró su rescate junto con el de tres estadounidenses y once policías y militares colombianos, “mujeres y hombres de las Fuerzas Armadas arriesgaron su vida” por su libertad.

Las autoridades expresaron su “convicción” de que no hay elementos que permitan “deducir la responsabilidad del Estado

En el más duro pronunciamiento del gobierno, el vicepresidente Francisco Santos opinó que la solicitud de Betancourt constituye un “precedente funesto” y es “una puñalada a la fuerza pública”.

“Es un premio mundial a la ingratitud y a la desfachatez. Estoy indignado, triste y desilusionado. En mi condición de víctima del secuestro me duele inmensamente ese, que sin duda es uno de los actos de ingratitud que quedarán en la historia de Colombia y también de oportunismo y de codicia”, agregó.

A la vez, el arzobispo de Bogotá, cardenal Pedro Rubiano, consideró que la demanda carece de sentido “porque no fue el gobierno que la secuestró” le dijo: “dele gracias a Dios que está liberada”.

El ex candidato presidencial del izquierdista Polo Democrático, Gustavo Petro, dijo que Betancourt fue “injusta” pues “responsable del secuestro fueron las FARC, y el Estado que la liberó”.

Las autoridades expresaron su “convicción” de que no hay elementos que permitan “deducir la responsabilidad del Estado” en su secuestro, y resaltaron que la ex rehén había “desatendido” las recomendaciones que en su momento le hizo la fuerza pública para que evitase el viaje en el cual fue plagiada.

En su demanda, Betancourt responsabilizó a los funcionarios a cargo de la seguridad en la región donde fue secuestrada y pidió citar a una veintena de testigos, entre ellos varios ex rehenes de las FARC.

Betancourt, quien para el momento de su secuestro hacía campaña electoral por la presidencia de Colombia, fue secuestrada junto con su asistente Clara Rojas cuando viajaba hacia San Vicente del Caguán (sur), zona donde acababa de darse por terminado un intento de diálogo entre el gobierno del presidente Andrés Pastrana (1998-2002) y las FARC.

Hace una semana, Betancourt participó en Bogotá de una ceremonia oficial por los dos años de la Operación Jaque. En esa ocasión, elogió la decisión del gobierno del presidente Álvaro Uribe de rescatar a los secuestrados, y calificó de “héroes” a los que la liberaron.

La demanda sostiene que el Estado colombiano falló en garantizarle la seguridad

COLOMBIA (AFP)


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