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Batasuna, entre la ley, las emociones y las intenciones

11/02/2011 01:02 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

El Zumbido

Batasuna, entre la ley, las emociones y las intenciones

Ha sido una constante desde la aprobación de la Ley de Partidos –convalidada su legalidad y legitimidad según sentencia del Tribunal de Estrasburgo- que si Batasuna o cualquier franquicia que quisiera emplear para tener vida institucional, condenaba la violencia de ETA y se desvinculaba de la disciplina de la organización terrorista, podría ser legalizada.

La Ley de Partidos es un texto claro, pero como cualquier otra ley, susceptible de interpretaciones jurídicas por los tribunales. Esto es capital para recordar lo que debiera ser innecesario: el estado de derecho tiene mecanismos institucionales que están por encima de las voluntad de las personas y de los propios instrumentos que lo conforman.

La nueva franquicia de Batasuna ha presentado unos estatutos para tratar de conseguir su legalización, y frente a ese acto de naturaleza esencialmente administrativa y política, cabrían algunas reflexiones imprescindibles.

Primera: la propia ley de partidos tiene sus mecanismos para comprobar la adecuación al espíritu de la ley lo que parece que es acorde a la letra de la ley.

Segunda: los fingimientos no son siempre detectables. Si el partido que pretende legalizar cree o no en lo que afirma, será difícil de demostrar, pero hay algunas posibilidades, como tratar de comprobar que es independiente de ETA y que no tiene relación orgánica con la organización terrorista. En este sentido, el trabajo de los servicios de inteligencia y de las fuerzas de seguridad del Estado serán fundamentales. Y a quien corresponde valorar las pruebas es a los tribunales de justicia competentes y nada más que a ellos.

Tercero: no hay una máquina de la verdad para analizar las emociones de quienes presenta una asociación al proceso de legalización: las emociones, cuando no se expresan en público, son procesos íntimos que no necesitan aprobación jurídica y social.

Cuarto: Es cierto que no hay un ápice de arrepentimiento en la actitud de los dirigentes de Batasuna ni de conmiseración con sus víctimas. Existen todos los ingredientes para un juicio de valor de que su separación de ETA, si se demuestra que verdaderamente existe, es de carácter meramente utilitarista. No han cambiado de forma de manifestarse por una transformaciones de sus principios éticos en los que el repudio al crimen tenga su esencia en convencimientos sino en oportunidades. Pero esa disección de intenciones o se manifiesta en hechos objetivos o no puede tener una tabulación jurídica.

Nos encontramos en un proceso complejo en el que o existe un consenso básico, civilizado y democrático de respetar las reglas de juego de la democracia y del estado de derecho o el caos está servicio.

Esto va dirigido fundamentalmente al PP, que ya ha advertido que no consentirá que las franquicias de Batasuna se presenten a las elecciones municipales y autonómicas. No puede haber planteamiento más antidemocrático. No le debiera quedar otro remido que acatar la decisión de los tribunales, aunque esta les pareciera detestable.

La decisión final la van a tomar, a buen seguro, los jueces de la sala 61 del Tribunal Supremo. Y a ellos les corresponde, con toda la información que necesiten recabar, si los estatutos presentados obedecen a circunstancias objetivas que se acomodan a la Ley de Partidos o no.

A ningún demócrata le va a hacer feliz que, cumpliendo los requisitos de la ley, quien no ha tenido palabras de piedad y de arrepentimiento, pueda recuperar sus derechos institucionales a la participación política, pero las leyes no están hechas para hacer felices a quienes no las comparten en su totalidad.

Es previsible que el PP – en el caso de que Batasuna sea legalizada- vuelva a atizar las bajas pasiones – en muchos casos, no sólo entendibles, sino además legítimas- de las víctimas del terrorismo. Es totalmente seguro que el PP no perderá la oportunidad de tratar de criminalizar al Gobierno en la más obscena tradición de Jaime Mayor Oreja. Pero la ley es la ley y los jueces quienes la aplican, respetables. Otra vez se oirán cantos de dependencia de los jueces, en el caso de que se acepte la legalización de Batasuna, del Gobierno.

Eso sólo pasa en los países con déficit democrático. Y España es un país en que los más altos dirigentes políticos se permiten el lujo de poner en cuestión al Tribunal Constitucional, al Tribunal Supremo o a cualquier otra institución. Sólo tiene que ocurrir que alguno de los tribunales favorezca a un adversario, sea Garzón, sea quienes defienden el Estatuto de Cataluña o el derecho de Batasuna a presentarse a las elecciones. Amigos, descubran la cortina: esto es sencillamente España. Y la gran ventaja que tengo yo al escribir estas líneas es que no he cuestionado al Tribunal Supremo por procesar al juez Garzón, no he denostado al Tribunal Constitucional por la sentencia del Estatuto de Cataluña ni he puesto en duda la probidad de ningún juez por destapar e instruir la corrupción de Gürtel. Pero me parece que no somos muchos en España que tenemos este pedigrí y esta legitimidad para recabar respeto a las instituciones que son pilares de la democracia.

Carlos Carnicero es periodista y analista político

Blog de Carlos Carnicero: http://www.ccarnicero.com/


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