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Barroso dice que la disciplina fiscal es "lo mejor para defender los intereses de los trabajadores europeos"

29/09/2010 17:11 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, ha sostenido que las propuestas que ha presentado este miércoles para reforzar la disciplina fiscal "son las mejores para la defensa de los intereses de los trabajadores europeos y de los más vulnerables" porque permitirán que el dinero de los contribuyentes pueda concentrarse en políticas sociales y no en pagar los intereses de la deuda.

El Ejecutivo comunitario ha propuesto hoy sanciones de hasta el 0, 2% del producto interior bruto (que en el caso de España supondrían 2.000 millones de euros) para los países de la eurozona con déficit o desequilibrios excesivos, como burbujas inmobiliarias. Los castigos, abanderados por Alemania, serán semiautomáticos y se activarán en una fase temprana del procedimiento para evitar nuevas crisis de deuda como la que ha afectado a Grecia, España, Portugal e Irlanda.

"El paquete es esencial, no desde un punto de vista macroeconómico para satisfacer a ciertos macroeconomistas, sino para los más pobres y vulnerables de la sociedad, porque son ellos los que están sufriendo las consecuencias de la falta de credibilidad de las políticas seguidas en muchos de nuestros Estados miembros", ha dicho Barroso en la rueda de prensa en respuesta a la manifestación de miles de trabajadores por las calles de Bruselas para protestar por las medidas de ajuste adoptadas por la mayoría de los Gobiernos europeos y a las movilizaciones en otros Estados miembros, como la huelga general en España.

"Lo que ocurre ahora en Europa, en algunos de nuestros países, es que a causa de la deuda excesiva vemos a Gobiernos que están muy comprometidos, estoy absolutamente convencido, con los principios de la solidaridad social, que toman medidas extremadamente difíciles en el plano social. No les gusta, lo hacen porque consideran que no hay otra solución", ha resaltado el presidente del Ejecutivo comunitario.

"Cuando el nivel de deuda es muy elevado ello significa que se debe pagar más intereses de la deuda y que el dinero de los contribuyentes no puede ir a la protección de los servicios públicos, a los servicios sanitarios, a la educación, a las pensiones o a programas para los más pobres", ha insistido, y ha subrayado que en los países con más desequilibrios es donde el paro "aumenta de forma muy preocupante".

"Las protestas de los trabajadores en toda Europa hoy nos recuerdan que no debemos dejar atrás a aquellos que más lo necesitan. Los servicios públicos esenciales deben ser protegidos. Y eso es lo que estamos haciendo hoy", ha alegado Barroso.

SANCIONES CASI AUTOMÁTICAS.

Las nuevas sanciones se activarán incluso antes de que se supere el umbral del 3% de déficit público previsto en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC). De hecho, si un país no realiza los ajustes necesarios para acercarse al equilibrio presupuestario, Bruselas le obligará a bloquear un depósito generador de intereses del 0, 2% de su PIB. Cuando se sobrepase el 3% de déficit se retendrán los intereses, y el depósito se transformará en una multa si el Gobierno afectado no ha tomado las medidas exigidas para corregir el déficit.

En la actualidad, el Pacto de Estabilidad ya prevé este tipo de multas para los infractores, pero nunca se han aplicado en la práctica. El momento en que se estuvo más cerca de imponerlas fue en 2003, pero Alemania y Francia, que eran los países incumplidores, paralizaron el proceso y forzaron una reforma del Pacto para flexibilizarlo.

Bruselas quiere también que se suspendan los fondos estructurales y las ayudas al desarrollo rural a los países con déficit excesivo. La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, lo ha rechazado.

Las sanciones se activarán de forma semiautomática a propuesta de la Comisión, ya que se prevé un mecanismo de voto inverso, lo que quiere decir que la propuesta de sanciones presentada por Bruselas se considerará adoptada a menos que el Consejo la rechace por mayoría cualificada.

La Comisión propondrá además que se tenga más en cuenta el límite del 60% de deuda previsto en el PEC y que hasta ahora se ha ignorado. Así, un país que no supere el umbral del 3% de déficit pero que tiene una deuda por encima del umbral podrá ser objeto de un expediente por déficit excesivo si no ha logrado una rebaja de un veinteavo de la diferencia con el umbral del 60 % durante los tres últimos años.

Aparte del procedimiento por déficit excesivo, el Ejecutivo comunitario ha propuesto crear un nuevo procedimiento por desequilibrios excesivos, que se traducirá en multas de hasta el 0, 1% del PIB (en el caso de España, 1.000 millones de euros) para los países de la eurozona que no adopten las medidas recomendadas para frenar su pérdida de competitividad, por ejemplo para los que no eviten la aparición de burbujas inmobiliarias.

Este nuevo sistema de vigilancia se basará en una serie de indicadores para detectar de forma precoz cualquier desequilibrio que amenace la estabilidad de la economía europea. Los Veintisiete ya se han puesto de acuerdo a nivel técnico en nueve indicadores: se trata del balance por cuenta corriente, la posición neta de activos exteriores, el tipo efectivo de cambio real basado en los costes salariales unitarios, el tipo efectivo de cambio real basado en el deflactor del PIB, los precios de la vivienda, la deuda del Gobierno y el ratio de crédito al sector privado en porcentaje del PIB.

Salgado rechazó este lunes que se impongan sanciones a los países que pierden competitividad por considerar que ello no depende directamente de la acción del Gobierno. Pero fuentes diplomáticas explicaron que se encuentra aislada porque el resto de países de la eurozona (a los que se aplicaría en principio el castigo) están de acuerdo.

La mayoría de las propuestas que presentó la Comisión este miércoles ya han sido discutidas por los ministros de Economía de la UE en el grupo presidido por el presidente permanente de la UE, Herman Van Rompuy. El objetivo es alcanzar un acuerdo en octubre, aunque sigue habiendo muchas diferencias sobre la cuestión de las sanciones.


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