El ayuntamiento de Barcelona, la ciudad más visitada de España, anunció este jueves la apertura de un proceso para sancionar con 600.000 euros a las plataformas de alquiler turístico Airbnb y HomeAway por anunciar pisos sin las licencias adecuadas.

El consistorio "ha incoado dos nuevos expedientes sancionadores a las plataformas Airbnb y HomeAway (...) que derivarán en una sanción a cada una de 600.000 euros", señaló el gobierno municipal en un comunicado.

"Es una decisión triste y Airbnb apelará", aseguró la compañía con sede en San Francisco en un comunicado, lamentando que "Barcelona camina por el lado contrario que la mayoría de ciudades en Europa y en el mundo".

Sin concretar ninguna reacción judicial, Homeaway lamentó que Barcelona obstaculice el desarrollo de unas plataformas que "representan el futuro de la industria del turismo".

El conflicto se enmarca en la estrategia de la alcaldía, gobernada desde 2015 por una antigua activista antidesahucios, Ada Colau, de frenar la masificación turística en ciertas zonas de la ciudad.

Además de aprobar una moratoria en la construcción de nuevos hoteles, el consistorio reforzó su vigilancia contra los pisos de alquiler turísticos sin licencia para operar como tales, como exige la ley regional de Cataluña.

En su página web, Airbnb anuncia 3.812 viviendas sin licencia, mientras que la suiza Homeaway publicita otras 1.744.

En diciembre de 2015 ya fueron sancionadas con dos multas de 30.000 euros cada una pero los anuncios siguieron colgados, señaló el consistorio.

Ante la falta de reacción por parte de las compañías, en junio elevó el rango de sanciones a los 600.000 euros.

"No es asumible que haya miles de pisos operando sin licencia y de forma ilegal, sin pagar impuestos y causando perjuicios a los vecinos", señaló la alcaldesa Colau en una entrevista radiofónica.

"El turismo es un activo positivo para la ciudad pero estaba desequilibrado", añadió.

Atraídos por las playas, la arquitectura y el ocio, millones de turistas visitan anualmente la capital catalana, de 1, 6 millones de habitantes.

Aunque esta actividad genera entre un 12 y un 14% de su PIB, también supone molestias para los vecinos por la saturación del espacio público, los ruidos de los jóvenes extranjeros atraídos por la fiesta y el encarecimiento de los precios.

- "Parte de la solución" -

"Airbnb es parte de la solución en Barcelona", aseguró la compañía, destacando que sus anfitriones son "familias de clase media que comparten sus hogares para llegar a fin de mes".

Además, destacan que su modelo "reparte los beneficios a toda la ciudad más allá de las zonas turísticas habituales" y, en cambio, la política municipal "favorece a los operadores comerciales".

En la misma línea, Homeaway defendió que estas plataformas generan ingresos en las familias y sustentan los pequeños negocios.

La irrupción de Airbnb, Homeaway y plataformas similares en los últimos años revolucionó el modelo turístico --en Barcelona ya superan la oferta hotelera tradicional según la patronal del sector-- pero también generaron conflictos legales en numerosos países.

Ciudades como Nueva York, Miami Beach o Berlín prohibieron este tipo de alquileres, amenazando incluso con multas a los propietarios. La cuna de Airbnb, San Francisco, aprobó una ley requiriendo a los anunciantes registrar la vivienda antes de ponerla en alquiler.

Para evitar estos conflictos, Airbnb está intentando firmar acuerdos con ciudades de todo el mundo para recaudar y remitir impuestos turísticos a las autoridades locales.

Actualmente, disponen de 200 acuerdos firmados que, según la compañía, reportaron una recaudación de 110 millones de dólares desde 2014. El objetivo, dijo esta semana al Financial Times su presidente Brian Chesky, es llegar a los 700 convenios.

En junio, la Unión Europea animó a sus Estados miembros "a aprovechar las oportunidades" ofrecidas por este tipo de plataformas como Airbnb o Uber a pesar del malestar creado en sectores como el turismo y el transporte.

En España, por el momento, la situación es complicada para la economía colaborativa.

Además de Airbnb, la empresa Uber, que pone en contacto a conductores y usuarios, no puede operar desde 2014 por una sentencia judicial y Blablacar, aplicación líder de viajes en coche compartido, podría recibir su primera multa en el mundo tras un expediente abierto por el gobierno regional de Madrid.