Asumen ONG papel histórico en lucha contra impunidad en Argentina

Organizaciones no gubernamentales (ONG) de derechos humanos ratificaron este año el papel fundamental que desempeñan en la historia de Argentina, al lograr condenas en contra de cientos de represores de la dictadura militar (1976-1983). Aunque los juicios se reanudaron hace seis años, en 2011 se logró el fallo del proceso más importante realizado hasta la fecha, ya que involucraba a 18 criminales responsables de 89 casos de secuestro, tortura y desaparición. Este fue, además, el año en el que se aceleraron los juicios que sólo pudieron comenzar de nuevo en 2005, luego de que la Corte Suprema de Justicia derogara las leyes de impunidad que habían beneficiado a los represores. Más allá de cualquier respaldo político, el verdadero mérito para que Argentina se haya convertido en un ejemplo internacional en la lucha por los derechos humanos corresponde a las organizaciones humanitarias nacidas durante la dictadura militar (1976-1983). Las Abuelas y las Madres de Plaza de Mayo, la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, los Hijos por la Identidad y la Justicia y Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas son los grupos que lucharon durante décadas contra la impunidad. La mayoría de esas ONG empezó a pelear en los años 70, en medio de una dictadura sangrienta que dejó un saldo de 30 mil desaparecidos, 500 bebés robados en las cárceles clandestinas y un país en pleno proceso de empobrecimiento económico. El alborozo con el que los luchadores sociales vivieron en 1985 las condenas a los miembros de las juntas militares se convirtió un año después en desazón al aprobarse las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que impidieron juzgar al total de los represores. Para mayor desconsuelo de las víctimas de los crímenes de lesa humanidad del régimen militar, los cinco jefes de la represión que habían sido condenados fueron indultados en 1989 por el entonces presidente Carlos Menem y quedaron en libertad absoluta. Tuvieron que pasar 14 años para que otro presidente, Néstor Kirchner, impulsara la derogación de las llamadas leyes de impunidad, lo que fue avalado por el Congreso en 2003 y finalmente por la Corte Suprema en 2005. Desde entonces, los juicios por violaciones a los derechos humanos se pusieron en marcha y aunque al principio avanzaron con lentitud, ahora suman ya 262 los represores condenados, la mitad de ellos a lo largo de 2011 gracias al renovado impulso que tuvieron los procesos. La noche del 26 de octubre, el país se paralizó durante una hora para escuchar las sentencias del juicio en contra de 19 represores por crímenes cometidos en la Escuela Superior de la Armada (ESMA), el mayor centro clandestino de detención durante la dictadura. A las puertas de los tribunales, cientos de activistas humanitarios aplaudieron y lloraron al escuchar la condena a cadena perpetua de siniestros personajes, otrora poderosos y temibles, como Alfredo Astiz, Jorge “Tigre” Acosta y Ricardo Cavallo. “Nunca dejamos de luchar, peleamos por la justicia, no por la venganza, esto nos da paz”, resumió esa noche Tati Almeida, una legendaria madre de Plaza de Mayo, mientras se acomodaba el famoso pañuelo blanco y resumía el éxito moral de tantos años de lucha.