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Apoya Fiscalía venezolana las expropiaciones a inmobiliarias

04/11/2010 11:43 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, apoyó hoy las medidas de expropiación que adoptó el gobierno en contra de algunos complejos habitacionales, tras acusar a las firmas inmobiliarias de “estafar” a los propietarios. En declaraciones a periodistas, la funcionaria judicial dijo que “el Estado va a ejercer el control de esa actividad, en un Estado de derecho y de justicia todas las actividades deben ser reguladas porque sino los particulares hacen lo que quieran”. Ortega Díaz sostuvo que si el gobierno del presidente Hugo Chávez no se dedica a regular y a ordenar el problema de la construcción, “quienes están construyendo van a hacer lo que quieren y van a burlar la buena fe de las personas que estén comprando". “Este es un problema de Estado, que debe garantizar el derecho a una vivienda adecuada, pero para que lo haga debe tomar medidas y acciones que sean necesarias para que los particulares que construyan viviendas las realicen bajo las normativas”, anotó. Detalló que los decretos de expropiación que emitió el gobierno contra algunas empresas inmobiliarias pretenden resolver la paralización de las construcciones o la falta de respuesta a los compradores, entre otros problemas. “No puede ser que una empresa que pretenda construir un proyecto habitacional reciba algunas veces la totalidad del dinero y después la construcción se paralice y dure dos, tres o cuatro años paralizada”, denunció. Sostuvo además que muchas veces esas empresas, tras retomar la construcción del edificio, “quieren reajustar los precios a la actualidad, ellos tienen que hacer una planificación”. “Desde el año pasado iniciamos unas acciones con el plan contra el fraude, la estafa y la usura; y designamos a nivel nacional un conjunto de fiscales y como resultado tenemos varios personas imputadas y acusadas”, subrayó la fiscal general. Aseguró que el Ministerio Público profundizará la investigación de presuntos delitos en que pudieran haber incurrido los dueños de las constructoras, debido a que “el caso es de interés público y que involucra a todo el Estado”.

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