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¿Y si le aplicamos un impuesto al CO2?

16/05/2009 23:03 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

La eficiencia energética implica mejorar el rendimiento energético, reducir costos y minimizar el impacto ambiental. En un contexto de crisis internacional, industrias y comercios tienen a su alcance la posibilidad de optimizar el uso de los recursos energéticos que consumen. La clave hoy pasa por d

Los expertos estiman que la capacidad de generación eléctrica prácticamente debe triplicarse para el 2025. Esto supone una discusión seria y responsable sobre la sustentabilidad económica y ambiental del sistema energético.

Entrevistado por Prensa Energética, Sebastián Scheimberg, consultor en temas energéticos, considera que que existe un buen diagnóstico del problema energético. “Tanto el gobierno como el arco político opositor han comprendido que en el mediano/largo plazo es necesario diversificar la matriz. Ahora bien, una vez identificado el problema, no está muy claro cuáles serán las instancias para llegar al 2020 con el objetivo cumplido. Existen algunas leyes que intentan promover las fuentes alternativas, pero por un lado falta reglamentarlas, y por otro, parecieran insuficientes para una verdadera expansión de estas fuentes. En este sentido, el gobierno cuenta con un instrumento interesante de promoción, que es la nueva empresa estatal ENARSA y la propia administradora del Mercado Eléctrico Mayorista, CAMMESA. Ambas instituciones estarían en condición de licitar capacidad de energía renovable: distintas magnitudes por cada tipo de energía. Este modelo sería similar al que aplicó Brasil a través del programa PROINFA, asegurándole a los productores contratos de largo plazo por la energía despachada, y permitiéndole al inversor un retorno acorde al riesgo de la inversión”, explica.

El panorama actual no es muy prometedor y en este sentido, se suma la crisis financiera internacional con la incertidumbre política-regulatoria local.

“Argentina, como país en vías de desarrollo encuentra exacerbada la restricción de financiamiento que existe hoy día para los proyectos de infraestructura. Esto se contrapesa con un rol bastante activo que están adquiriendo las agencias de crédito multilateral. Asimismo, considero fundamental fortalecer los Organismos de la Administración Pública, dotándolos de recursos técnicos, equipamiento y planes de carrera, ya que son estos organismos los interlocutores del BID, Banco Mundial, PNUD, etc”, agrega.

Además del fortalecimiento del Sector Público, Scheimberg considera que debieran promoverse el surgimiento de instrumentos financieros (Fideicomisos, Fondos de Inversión en Energías Renovables) que actuando con una mayor agilidad administrativa y el debido respaldo técnico-operativo, pudiera canalizar parte de los fondos pertenecientes a la clase pasiva (previamente en poder de las AFJP y actualmente administrados por el ANSES) en proyectos de larga maduración como los de las energías renovables y la eficiencia energética. Por otra parte, el surgimiento de estos instrumentos, amén de promover los proyectos limpios en beneficio de las generaciones futuras, recuperaría el rol protagónico que debe tener la Comisión Nacional de Valores y otras Agencias reguladoras públicas.

 

Sustentable, pero poco rentable

En cuanto a la rentabilidad del negocio a nivel mundial, lo óptimo –según el especialista- sería establecer un impuesto al CO2. “Ello haría rentable las energías generadas con fuentes renovables. No obstante, esta solución de Primer Mejor claramente atenta contra grandes intereses corporativos. El sistema “Cap and Trade” ofrece un incentivo marginal para la mayoría de las fuentes renovables y es por ello que en Europa existen subsidios adicionales para la generación eléctrica verde.

En Argentina se han desembolsado subsidios al combustible fósil importado para paliar la emergencia. Posiblemente este año la situación energética sea menos afixiantes y por tanto se requieran menos subsidios. Una cuantía inferior podría a partir del próximo semestre asignarse a subsidiar las energías renovables, pero ello implicaría reasignar partidas presupuestarias con mayor retorno social en momentos de desaceleración económica. Seguramente la reglamentación de las leyes existentes y los elementos de promoción industrial aplicados a los bienes de capital podrán ayudar a mejorar la rentabilidad de estos proyectos. Existen regímenes de amortización acelerada y recupero de IVA que debieran poder aplicarse con facilidad a los proyectos de energía renovable. Hace falta una mayor coordinación entre los organismos de la Administración Pública y las instituciones financieras como la Bolsa de Comercio y la CNV para gestionar todos los beneficios fiscales disponibles”, comenta.

En cuanto a la rentabilidad del negocio a nivel mundial, lo óptimo –según el especialista- sería establecer un impuesto al CO2. “

 

Biodiesel

 

El biodiesel vivió su climax el año 2008 en que el precio del crudo trepó hasta los 150 dólares mientras las oleaginosas mantuvieron controlado su precio local por efecto de las retenciones. “Ello – continua Scheimberg- promovió la exportación de biodiesel que alcanzó los 860 millones de dólares. Parte de las exportaciones fueron trianguladas a través de los Estados Unidos bajo un régimen de promoción norteamericano que se ha interrumpido. Si bien es cierto que Argentina tiene aun una capacidad de producción ociosa de biodiesel, no está claro que puedan repetirse las condiciones ventajosas del 2008. Por otra parte, el dilema entre la producción de energía vs. la producción de alimentos es un debate ético abierto que genera incertidumbre hacia el futuro. Ello definitivamente no ocurre con el resto de las energías renovables. Desde ese punto de vista, el biodiesel debiera ser un complemento menor del combustible fósil aplicado al transporte, pero tener sin dudas su participación, lo mismo que el hidrógeno, cuya legislación sigue aún sin reglamentarse”.

 

Legislación

 

En materia legislativa, se han sancionado leyes que no han sido reglamentadas, como el caso de la Ley 26.190, la Ley del Hidrógeno (26.123), las leyes de Eficiencia Energética de la Provincia de Buenos Aires (13.059). Asimismo, existen leyes y proyectos de ley que se extienden en su contenido con el afán de resolver infinidad de cuestiones pendientes de resolución, como es el caso del Decreto 140/2007 y que terminan por no aplicarse. La Ley brasilera del Uso Racional de la Energía tiene una extensión de una página (Lei Nº10.295).

“También existe un excesivo amor propio en la clase política que implica una identificación de las leyes con las personas. Una alternativa altruista sería buscar consensos en distintos foros y presentar una propuesta debatida por Mesa de Entrada en el Congreso.  Como se destacó existe un Plan Energético desarrollado por la Secretaría de Energía. Ahora hace falta dar las señales adecuadas para que además de los proyectos del sector público (Atucha 2, Garabí, Corpus, etc.), arriben las inversiones privadas. En este caso, también el sector público debiera canalizar el financiamiento a través de instrumentos financieros apropiados, como se ha destacado, y al mismo tiempo generar licitaciones competitivas con precios que permitan obtener rentabilidades acordes a los riesgos asumidos por los inversionistas en nuestro país”, concluye.

 

 

RECUADRO 1

 

Informe alarmante

 

La situación ambiental del mundo es preocupante. Un informe reciente del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), representado en la Argentina por Vida Silvestre, muestra que el actual nivel de consumo de la población mundial supera en un 30%  la capacidad de la tierra de brindar estos “servicios ambientales”, entre ellos alimentos, regulación del clima y provisión de fuentes de agua dulce. Por ello, estamos consumiendo el capital ambiental de nuestro planeta, es decir, las reservas que disponemos para nuestra propia subsistencia. En este contexto, está claro que las oportunidades de lograr un “desarrollo sustentable” se agotan día a día, si no se toman definiciones contundentes para conservar nuestros recursos naturales y aprovecharlos racionalmente.

Entre los rubros más críticos se encuentran los bosques, los pastizales y los recursos marinos. En el caso de los bosques, en los últimos 5 años, el promedio de pérdida de bosques ronda las 300.000 hectáreas por año (equivalente a 15 veces la Ciudad de Buenos Aires). A este ritmo, en menos de un siglo se habrán perdido todos los bosques del país. En relación a los pastizales, más del 60% de la Pampa ya fue convertida para uso agrícola, y el 40% restante se encuentra muy degradado por un uso productivo intensivo.

 

FIN RECUADRO

 

 


Sobre esta noticia

Autor:
Danial Barneda (1 noticias)
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5082
Tipo:
Entrevista
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