Desde el pasado miércoles, la Policía ha detenido por este asunto a siete personas, si bien en las dependencias policiales continúan esta tarde el ex director general de Deportes del Govern y campeón olímpico, Pepote Ballester; el concejal del PP en el Ayuntamiento de Palma, Rafael Durán; el director de la empresa de Nimbus Comunicación, Rafael Romero; y el ex gerente del Palma Arena, Jorge Moisés.

Este asunto trata acerca de la presunta corrupción relacionada con el sobrecoste que supuso la construcción de este velódromo de la capital balear en la pasada legislatura (2003-2007), cuando el PP gobernaba la Comunidad insular. El presupuesto inicial del pabellón deportivo era de 48 millones de euros y finalmente superó los cien millones.

Tanto Rafael Durán, como Pepote Ballester y Miquel Romero han solicitado sendos 'habeas corpus' por su detención, que han sido rechazados por el juzgado de guardia de Palma.

Esta tarde declarará ante la Policía Pepote Ballester y está previsto que mañana, sábado, los sospechosos pasen a disposición judicial.

El abogado de Miguel Romero, director de la empresa de comunicación Nimbus, Antoni Coll, ha subrayado hoy a los periodistas que los casi tres días que su cliente lleva en los calabozos de la Jefatura Superior de Baleares "son un infierno" por el que, a su juicio, no era necesario que hubiera pasado su defendido.

Mientras tanto, con ocasión de una rueda de prensa, la portavoz del Govern balear, Joana Barceló, ha "lamentado" hoy "profundamente" este nuevo caso de corrupción que afecta al PP y ha exigido que "quien sea culpable, que lo pague".

Tras la reunión del Consell de Govern, Barceló ha expresado su deseo de que la investigación policial y judicial "clarifique" todos los aspectos sobre la construcción del velódromo Palma Arena, y "si hay culpables, que los castigue con toda contundencia".

"Nos duele muchísimo que estas islas sean noticia por la corrupción", ha añadido la portavoz del ejecutivo balear, para quien este tipo de casos tienen como consecuencia que el trabajo que se realiza desde la administración pública pierda "mucha credibilidad".