Anticorrupción rechaza que se investigue a las agencias de rating

La Fiscalía Anticorrupción se opone a que la Audiencia Nacional investigue penalmente en España a las agencias de calificación de riesgos por entender que no ha habido delito. La decisión supone que el juez encargado del caso no admitirá a trámite la querella contra Standard & Poors, Moody's y Fitch. Artículos relacionados

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El Ministerio Fiscal entiende que no existen indicios para probar que alteran los precios del mercado bursátil y utilizan información privilegiada. ‘ El inicio de un procedimiento penal contra las agencias de rating querelladas supondría -a la luz de los datos de los que hoy se dispone- la apertura de una causa general en averiguación de posibles delitos de los que en la actualidad no existe noticia’ , sostiene el fiscal.

Sin indicios de delito

En el informe remitido al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Anticorrupción argumenta en sus conclusiones que no ve indicios de que hayan cometido delitos contra el mercado y los consumidores al rebajar en varias ocasiones desde 2009 la calificación de la deuda española. Unas decisiones que ‘ perjudicaron económicamente a España’ porque ‘ hay un efecto directo entre las revisiones a la baja de la deuda española por parte de estas agencias de calificación y el encarecimiento de la financiación del Estado a través de la emisión de la deuda pública’ .

El juez no admitirá la querella

El Ministerio Público se niega así a que el juez Pablo Ruz admita a trámite la querella que interpuso el pasado mes de febrero el Observatorio para el Cumplimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a la que se han sumado Izquierda Unida y la asociación ATTAC. No obstante, insiste en que esas actuaciones no tienen carácter delictivo ni han sido denunciadas por el Ministerio Fiscal o ‘ por el perjudicado’ directo, que es el Estado español.

Una querella centrada en los efectos sobre España

El equipo de abogados que dirigen Gonzalo Boye y Jaume Assens centró su querella en los efectos que había tenido en España las decisiones de las agencias de calificación. A juicio de estos abogados, que contaron con la ayuda de catedráticos de Economía, el ‘ conflicto de intereses’ que han puesto de manifiesto todos los informes elaborados tras la crisis están tipificados en los artículos 284 y 285 del Código Penal español. Estos artículos persiguen la alteración artificial de los precios a partir de la difusión de información engañosa o haciendo uso de información privilegiada y prevén penas de multa e incluso de prisión: entre seis meses y cuatro años.

Los argumentos de los querellantes

Los querellantes sostienen entre otras cosas, que los principales compradores de deuda pública son a su vez los principales clientes de las agencias y, por tanto, beneficiarios de que los estados tengan que pagar un interés mayor para colocar su deuda en los mercados.