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Amnistía denuncia flagelaciones, torturas, desapariciones, pena de muerte e impunidad en Libia

23/06/2010 09:44 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Amnistía Internacional (AI) ha denunciado este miércoles la persistencia de graves violaciones de Derechos Humanos en Libia, en particular las flagelaciones por casos de adulterio, las detenciones por tiempo indefinido, las torturas, los abusos contra emigrantes y refugiados, la pena de muerte, las desapariciones forzadas de disidentes y la impunidad de que disfrutan las fuerzas de seguridad. Asimismo, lamentó que Libia haya rechazado la visita de una misión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU pese a pertenecer a este organismo.

"Para que Libia tenga alguna credibilidad internacional, las autoridades deben garantizar que nadie está por encima de la ley y que ésta protege a todas las personas, incluidas las más vulnerables y marginadas", declaró la directora adjunta del Programa Regional de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África, Hassiba Hadj Sahraoui, con motivo de la presentación de un nuevo informe sobre Libia de la organización.

"Los socios internacionales de Libia no pueden mirar por sus intereses nacionales pasando por alto el atroz historial de este país en materia de Derechos Humanos", prosiguió. "Por su condición de miembro de la comunidad internacional, Libia tiene la obligación de respetar sus compromisos en materia de Derechos Humanos y hacer frente a su historial en lugar de ocultarlo", añadió.

En este sentido, advirtió, "sorprende la contradicción en que incurre Libia al pertenecer al Consejo de Derechos Humanos de la ONU y, al mismo tiempo, rechazar que una misión de expertos independientes de Derechos Humanos de este organismo visite el país".

El informe revela que las fuerzas de seguridad siguen perpetrando violaciones de Derechos Humanos, en particular los miembros de la Agencia de Seguridad Interna, "quienes, al parecer, tienen toda la libertad para detener, poner bajo custodia e interrogar a personas sospechosas de disidencia o de actividades relacionadas con el terrorismo", según AI. Los detenidos pueden permanecer largos periodos en régimen de incomunicación, sometidos a torturas y sin acceso a un abogado, denunció la organización.

"En las cárceles libias languidecen cientos de personas que ya han cumplido su pena o han sido absueltas por los tribunales, si bien en los últimos años se han llevado a cabo centenares de liberaciones, incluidas las de personas que eran objeto de detención ilegal", prosiguió Amnistía.

Al respecto, el informe de AI muestra el caso de Mahmud Hamed Matar, quien lleva en prisión desde 1990. Después de permanecer 12 años privado de libertad sin juicio, fue declarado culpable en un juicio "manifiestamente injusto" y condenado a cadena perpetua. "Declaraciones presuntamente obtenidas mediante tortura u otras formas de coacción se presentaron como prueba", aseguró AI. Aparte, el hermano de Mahmud, Jaballah Hamed Matar, disidente libio, fue víctima de desaparición forzada en El Cairo en 1990. "Las autoridades libias no han tomado medidas para investigar su desaparición", denunció el informe.

LA 'ZINA' Y LA GUERRA CONTRA EL TERRORISMO

Durante su visita a la prisión de Jdeida en mayo de 2009, Amnistía Internacional encontró a seis mujeres que habían sido declaradas culpables de 'zina' (delito definido en la legislación libia como relaciones sexuales entre un hombre y una mujer fuera del matrimonio legítimo). Cuatro de ellas fueron condenadas a penas de entre tres y cuatro años de cárcel y las otras dos a recibir cien latigazos. Otras 32 mujeres estaban en espera de juicio por cargos de 'zina'.

Es el caso de Mouna (nombre ficticio), quien fue detenida en diciembre de 2008 al poco tiempo de dar a luz. Al parecer, la dirección del Centro Médico de Trípoli informó a la Policía de que había tenido un hijo fuera del matrimonio. Fue detenida en el mismo hospital, juzgada al poco tiempo y condenada a recibir cien latigazos.

Las autoridades libias, según el informe, utilizan también la "guerra contra el terrorismo" para justificar la detención arbitraria de cientos de personas a las que considera críticas con el Gobierno o una amenaza para la seguridad, sobre todo desde los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos.

El Gobierno de Estados Unidos ha devuelto a Libia a varios ciudadanos de este país desde su centro de detención de Guantánamo o desde lugares de detención secreta. Uno de ellos fue Ibn Al Sheikh Al Libi, quien, según las informaciones disponibles, se suicidó en 2009 en la cárcel de Abu Salim. Según el informe de AI, "no se ha hecho público ningún dato de la investigación sobre su muerte".

"Los ciudadanos libios sospechosos de actividades relacionadas con el terrorismo que son devueltos a Libia corren el peligro de ser recluidos en régimen de incomunicación, torturados y procesados en juicios manifiestamente injustos", advirtió Amnistía.

DISIDENTES Y REFUGIADOS

Amnistía Internacional ha apreciado "un discreto aumento de la flexibilidad de las autoridades libias hacia las críticas" y desde finales de junio de 2008 se permiten las manifestaciones de los familiares de víctimas de la masacre de 1996 en la cárcel de Abu Salim, en la que se estima que 1.200 presos fueron víctimas de ejecución extrajudicial.

No obstante, según AI, "los activistas siguen padeciendo hostigamiento, incluso en forma de detención, y las autoridades todavía no han respondido a sus demandas de verdad y justicia".

Libia ha puesto en libertad a unos 15 presos de conciencia en los dos últimos años, "pero no los ha indemnizado por los abusos sufridos y tampoco ha reformado la draconiana legislación que restringe el derecho a la libertad de expresión y de asociación", lamentó la ONG.

Por otra parte, prosigue el documento, los refugiados, emigrantes y solicitantes de asilo procedentes de todo el continente africano que intentan llegar a Italia y a otros países de la Unión Europea se encuentran en Libia "con la detención, la cárcel por tiempo indefinido y los abusos".

Libia no es signataria de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, de 1951, por lo que refugiados y solicitantes de asilo corren peligro de devolución a pesar de su necesidad de protección. A principios de junio, las autoridades libias ordenaron al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) que saliera del país, "medida que probablemente tuvo graves consecuencias para los refugiados y solicitantes de asilo", según Amnistía.

PENA DE MUERTE

Asimismo, según el informe, en Libia se sigue aplicando con frecuencia la pena de muerte, especialmente contra ciudadanos extranjeros y para "un amplio abanico de delitos, incluidas las actividades que suponen el ejercicio pacífico del derecho a la libertad de expresión y de asociación".

En mayo de 2009 había 506 personas condenadas a muerte, el 50 por ciento aproximadamente extranjeros, según contó el director general de la Policía Judicial a Amnistía Internacional.


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