Altadis y la Evolución del Precio del Tabaco

La compañía de tabaco Altadis ha conseguido cumplir 375 años en uno de los peores escenarios que la industria tabacalera haya contemplado en España.

El bajo consumo de tabaco, propiciado en parte por la ley que prohíbe fumar en espacios públicos y el tijeretazo que los fumadores se han visto obligados a realizar en su presupuesto mensual debido a la crisis, sitúan a las empresas que se nutren de la venta de este producto en una encrucijada. Son necesarias nuevas medidas para salir adelante y no caer en prácticas erróneas como su venta ilegal.

El tabaco, uno de los impuestos más altos

Desde su fundación en 1636 la empresa tabacalera se ha enfrentado a una de las tasas más altas de fiscalidad en nuestro país. Al margen de ser el séptimo país europeo con la tasa más alta de impuestos sobre el tabaco (un 78, 9%), según datos de la Agencia Tributaria, el tabaco ha sido el único de los conocidos como Impuestos Especiales, junto con la electricidad, cuya recaudación ha aumentado en los últimos cinco años, un incremento del 28% para las labores del tabaco (hasta 7.423 millones de euros en 2010).

La tasa española sobre el tabaco no supera la de países como Reino Unido que con un 90, 3% lidera la lista de naciones de la Unión Europea con mayor carga impositiva sobre el mismo. Por otra parte, la industria tabacalera se ve sometida a fuertes e inesperados incrementos de los impuestos, algo que no sucede en ninguna otra.

La Ley Antitabaco

Con la Ley Antitabaco puesta en marcha el pasado 2 de enero, la legislación española se ponía al nivel de las más restrictivas de Europa.

La medida, que prohíbe fumar en cualquier tipo de local público cerrado, no sólo afectó los fumadores, que hicieron oír sus quejas, sino que también a los comercios que se vieron obligados (aquellos que pudieran, que desde luego no fueron todos) a abrir espacios abiertos donde sus clientes pudieran fumar legalmente.

Los ingresos para los comerciantes y los propietarios de clubes y bares han ido mermando progresivamente. Según datos de la Federación Española de Hostelería el beneficio se redujo en un 9% en el primer trimestre, siendo los bares y las cafeterías los establecimientos más afectados por la medida. Lo que tenía que ser una medida para reducir el consumo de tabaco y proteger a los no fumadores de lo perjudicial para ellos que es respirar su humo, ha supuesto más de un quebradero de cabeza para los propietarios de establecimientos públicos.

En ese ámbito el presidente de Altadis, Dominic Brisby, ha manifestado: "Nuestra compañía siempre ha sido partidaria de una regulación razonable y equilibrada del tabaco, pero esta reforma nos parece completamente excesiva puesto que va encaminada en la dirección de convertir al fumador en un marginado social. Compartimos la necesidad de respetar los derechos del no fumador, pero sin que ello suponga un intento de convertir el hábito de fumar en algo anormal y un ataque a la libertad del fumador por consumir un producto de venta legal".

Miedo por un repunte de la venta ilegal

El contrabando de tabaco se ha visto favorecido por la subida de impuestos que el Gobierno realizó a principios de 2010. En el sector temen que se retorne a tasas de piratería como las que hubo en el año 1993. Fué entonces cuando el negocio ilegal llegó a representar el 23% de la venta total del producto en España, haciendo perder así al Estado millones de pesetas de recaudación.

Si se repitieran las cotas de entonces, la Administración estatal se encontraría con una fuga de 2.000 millones de euros por el contrabando de tabaco. Según las estimaciones de Altadis, la venta ilícita del producto ya representa en nuestro país un 7, 7% del total de las ventas legales.

Andalucía ofrece la mayor tasa de España de venta fraudulenta de cajetillas con un porcentaje que supera el 10% y la cifra aumenta en provincias como Málaga, Cádiz o Sevilla, donde sobrepasa el 20%.

El comportamiento de los consumidores, traducido en los resultados recogidos por Altadis, se debe a la subida fiscal registrada el año anterior que obligó a los fabricantes a subir el precio de la cajetilla. Este hecho ha supuesto luz verde para los traficantes de tabaco que han vuelto a ver en España un mercado muy atractivo en el que desarrollar su actividad ilegal. El 16% de los consumidores encuestados por la empresa ha reconocido adquirir su tabaco a través de canales ilegales.

Sin embargo, si continúa la tendencia irregular de las ventas el Estado se verá obligado a volver a subir los impuestos en este capítulo, lo que volverá a encarecer el consumo formando una cadena difícil de romper a corto plazo.

Fuente: El Mundo