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El alquiler social a bajo coste, promovido por los bancos que acumulan activos inmobiliarios devaluados y con difícil salida en el mercado inmobiliario, podría ser la solución para muchos españoles
Cambios con la Reforma Financiera
Los activos inmobiliarios que acumulan cajas y bancos por la morosidad de sus balances suponen pérdidas de millonarias, que superan los 176.000 millones de euros, según datos del Banco de España. Esos activos no reflejan el valor de mercado real, lo que implica pérdidas considerablemente mayores de las que se declaran.
La Reforma Financiera, recién aprobada por el Gobierno, obliga a los bancos españoles a aumentar la cobertura de riesgos en 50 mil millones de euros, para cubrir su exposición a los activos tóxicos relacionados con la burbuja inmobiliaria. También se les insta a vender esos activos para sanear sus cuentas en lo que queda de año.
La pregunta es cómo van a deshacerse de ellos, considerando el descenso de ventas actual. El número de viviendas vendidas durante el tercer trimestre del año se situó en torno a los 75.000 inmuebles, lo que supone un descenso del 16, 8% respecto al trimestre anterior y una caída del 6, 3% frente al mismo periodo de 2010, según el Ministerio de Fomento. El total de viviendas comercializadas entre julio y septiembre de 2011 es el segundo peor dato desde 2008.
Con las previsiones de paro y morosidad para este año, aún resulta más difícil creer que vayan a darle salida al stock que acumulan.
¿Qué pasará con las que no consigan vender?
La respuesta, a bote pronto, es que seguirán teniéndolas entre sus activos y en sus balances, poniéndolos en una situación imposible. Mientras tanto, muchos españoles seguirán sin techo o viviendo de prestado en casa de familiares o amigos, algo que también tiene fecha de caducidad.
En cuanto al problema con el que se enfrentan cajas y bancos, va más allá de tener activos tóxicos solo. Hay que añadir el constante deterioro que sufren las viviendas deshabitadas y, además, los gastos fiscales que van generando.
¿Cuál sería la solución para los activos tóxicos sin salida en el mercado?
Mejor poner las casas en circulación con un alquiler verdaderamente social -distinto a lo conocido hasta ahora-, que seguir perdiendo dinero teniéndolas cerradas. El calificativo de verdadero alquiler social vendría dado por el precio asequible de las viviendas. En lugar de querer ganar más y no conseguir alquilarlas, habría que establecer un precio acorde con la realidad laboral del momento, es decir, paro, precariedad salarial y ninguna expectativa de creación de empleo en 2012.
¿Qué precio podría pagar una persona joven, un profesional con más de 2 años en el paro, una mujer sola con hijos, una familia con todos sus miembros en paro, los que trapichean o los que echan unas horas aquí y allí?
Una parte de los que buscan trabajo y no lo encuentran, y los que lo tienen en precario podrían optar a un alquiler social de 150 euros. Incluso hay quienes podrían obtener ayuda de su familia extensa para pagar esos 150 euros de alquiler y los gastos fijos mínimos que genera una casa. Las situaciones de las personas que no tienen trabajo y apenas medios son diversas, pero un precio bajo abre un horizonte factible.
¿Qué ventaja supondría para los bancos y cajas alquilar a bajo coste?
Nada desdeñables pues, además de contribuir a mejorar la realidad social tan dramática por la que atraviesa el país, mantendrían la titularidad de los inmuebles e ingresarían lo suficiente para cubrir los gastos que generan. Eso sería también una forma de sanear sus activos tóxicos inmobiliarios.
Esta propuesta de alquiler social para todos los que acrediten la necesidad tiene bastante mayor alcance que las existentes hasta ahora. Por una parte, estaba, el ya extinguido Programa de Emancipación Joven del Ministerio de Vivienda anterior, con una ayuda de 210 euros. Por otra, el de la Sociedad Pública de Alquiler, una agencia dependiente del Ministerio de Fomento que gestionaba el arrendamiento mediando entre el propietario y el inquilino, por una cantidad media de 493 euros. A esta última iniciativa se sumó el programa emprendido por varias entidades financieras privadas que cedieron un total de 8.100 inmuebles a esta agencia pública, entre ellas, La Caixa, Bancaja, Caja Mediterráneo, Santander y Caja Madrid.