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Advierten en Costa Rica sobre no derogación de decreto minero

19/10/2010 20:52 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

En caso de no ser derogado, un decreto del pasado gobierno costarricense que declaró de conveniencia nacional un proyecto minero a cielo abierto podría ser usado para proyectos de interés privado, advirtió hoy un dirigente ambientalista. Los opositores al proyecto iniciaron hace 10 días un ayuno para demandar la derogación del decreto, indicó el ambientalista David Rojas, en diálogo con Notimex. “Si este decreto no es derogado por la Presidencia de la República, en un futuro se va a prestar como precedente para que cualquier proyecto de interés particular, que no necesariamente beneficie a una mayoría de costarricenses, sea declarado de conveniencia nacional”, dijo. “Eso puede implicar la remoción de zonas boscosas importantísimas y de Áreas Protegidas y Parques Nacionales”, agregó, en alusión al hecho de que el cuestionado proyecto minero implica deforestación de una amplia zona en el sector norte costarricense, fronterizo con Nicaragua. Mediante la huelga de hambre “queremos reafirmar nuestra preocupación de que la no derogatoria del decreto (...) marcaría un precedente muy grave para Costa Rica”, señaló el dirigente, quien participa en la acción pacífica. Rojas explicó que “esto (...) se declaró huelga de hambre, desde el viernes pasado (15), cuando teníamos una semana de iniciado el ayuno indefinido”. “Le cambiamos a la categoría de huelga de hambre, por cuanto, en un principio veníamos a manifestar un tipo de apoyo a la Presidencia de la República para que sintiera la confianza de derogar el decreto”, explicó. “Es un 90 por ciento de la población el que también apoyaría, se decide a hacerlo”, agregó Rojas. “Al no encontrar otra respuesta, de parte del gobierno, que (...) la indiferencia permanente, durante una semana, del Poder ejecutivo, decidimos cambiar el ayuno a la categoría de huelga de hambre”, indicó. “De las 14 personas que iniciamos el viernes 8 de octubre, nos mantenemos en la actualidad tres personas”, informó el ambientalista. “Ha sido duro, en ese sentido, porque hemos tenido que ver a 11 compañeras y compañeros retirarse, uno a uno, en medio de complicaciones de salud”, relató. Al respecto el ministro de la Presidencia, Marco Vargas, dijo aproximadamente una hora antes -en la semanal conferencia de prensa gubernamental- que a los huelguistas de hambre “les hemos abierto las puertas”. Esto “en el sentido de que hemos tenido una comunicación con ellos, se les ha recibido (...) las notas que han querido dirigir a la señora presidenta de la República (Laura Chinchilla)”, agregó Vargas. “Las notas van en el mismo sentido, todas, en que se anule el decreto que da interés público a la mina Crucitas”, y “la respuesta que hemos dado nosotros es que ésto está en la corriente judicial”, indicó además. El ministro aludió así al juicio que sobre el proyecto se desarrolla desde el 4 de este mes en el Tribunal Contencioso Administrativo. “Esperamos que se resuelva ahí”, y “de lo que se resuelva, el gobierno va a ser por supuesto respetuoso de lo que el Poder Judicial, en esta instancia, tome como acuerdo”, planteó el jerarca gubernamental. El gobierno “les ha ofrecido todas las facilidades a los señores que están aquí, al frente, que ahora denominan no ayuno sino huelga de hambre”, dijo en alusión a los ayunantes, acampados desde el 8 de este mes frente a la Casa Presidencial. “Estamos, por supuesto, en coordinación con paramédicos y con la Cruz Roja (Costarricense) de que cualquier situación que se presente, pues, atenderla lo más rápido posible desde un plano de un marco totalmente humanitario, como corresponde”, indicó. El juicio en el Tribunal Contencioso Administrativo está centrado en denunciadas irregularidades en la autorización inicial para el proyecto minero. La Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) otorgó, en 2008, viabilidad ambiental a Crucitas, y el gobierno del presidente Arias, decretó ese año que el proyecto minero “se declara de interés público y conveniencia nacional”. Arias y Dobles, entonces titular del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (Minaet) –quien luego dimitió a raíz de cuestionamientos éticos en su desempeño del cargo-, firmaron el 13 de octubre de 2008 el decreto, criticado por diversos sectores. Trámites judiciales iniciados de inmediato por organizaciones ambientalistas que han denunciado riesgos tales como contaminación de ríos por el método de extracción de oro a cielo abierto, que incluye el uso de cianuro, mantienen inactivo el proyecto minero.

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