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Admite El Salvador recomendaciones en caso Oscar Arnulfo Romero

06/11/2009 18:56 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

El gobierno de El Salvador se comprometió hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a cumplir las recomendaciones que este órgano emitió en torno al asesinato de monseñor Oscar Arnulfo Romero. El ofrecimiento marcó un giro de 180 grados ante la resistencia de los anteriores gobiernos de derecha, que no sólo se negaron a acatar las recomendaciones incluidas en un informe de fondo, sino incluso a reconocer el carácter vinculante de las mismas. El director general de Derechos Humanos de El Salvador, David Morales, aseguró aquí este viernes que su gobierno reconoce "plenamente" la autoridad de la CIDH emanada de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Durante una audiencia en el marco del 137 periodo ordinario de sesiones de la CIDH, Morales manifestó ante tres miembros de esa entidad que el gobierno salvadoreño reconoce el carácter vinculante de sus informes y recomendaciones. "En ese sentido reconoce las conclusiones dictadas por esta honorable comisión relativas al caso y declara su compromiso de cumplir de buena fe y en la medida de sus posibilidades las recomendaciones", acotó el funcionario salvadoreño. Monseñor Romero, quien era arzobispo de San Salvador, fue asesinado el 24 de marzo de 1980 cuando oficiaba una misa en la capilla del hospital de La Divina Providencia, en la capital salvadoreña. En 1993, una Comisión de la Verdad concluyó que el asesinato había sido ejecutado por un escuadrón de la muerte formado por civiles y militares de ultraderecha. Dicho escuadrón estaba dirigido por el mayor Roberto D’Aubuisson, fundador de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena), partido que gobernó El Salvador por 20 años, hasta que este año asumió el poder Mauricio Funes, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Junto con D’Aubuisson, el capitán Alvaro Saravia fue también identificado como co-autor intelectual del asesinato de monseñor Romero. Sin embargo, una ley de amnistía decretada posteriormente dejó sin efecto las sanciones impuestas a los acusados, quienes fueron puestos en libertad. En enero de 2000, la CIDH emitió un informe de fondo sobre el caso, en el que concluyó que el Estado salvadoreño era responsable por la violación de varios derechos consagrados en la Convención Interamericana de Derechos Humanos. La CIDH recomendó al Estado efectuar una investigación judicial completa, imparcial y efectiva de manera expedita "a fin de juzgar y sancionar a todos los autores materiales e intelectuales de las violaciones (.), sin perjuicio de la amnistía decretada". Asimismo, la entidad dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA) recomendó reparar "todas las consecuencias de las violaciones identificadas", incluyendo el pago de una indemnización a los afectados. La CIDH pidió además al gobierno de El Salvador adecuar su legislación interna de acuerdo con la Convención Interamericana "a fin de dejar sin efecto la ley de amnistía general".


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