Acordaron EUA y España minimizar impacto de vuelos ilegales de la CIA

El gobierno español y la embajada de Estados Unidos en Madrid acordaron minimizar el impacto en la opinión pública producido por de los vuelos de la CIA que llevaron de manera ilegal a presuntos terroristas, informó hoy El País. Los vuelos de la CIA con tránsito clandestino por aeropuertos europeos llevando sospechosos de terrorismo capturados ilegalmente y torturados en centros de detención secretos, sorprendió en 2005 al gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y a la Embajada de EUA. Ambos coincidieron en un objetivo común: minimizar su impacto en la opinión pública y evitar que la investigación judicial que se abrió en España complicase las ya delicadas relaciones entre los mandatarios de ambos países, en ese entonces George W. Bush. La revelación consta en uno de los cables diplomáticos estadunidenses divulgados por el sitio WikiLeaks a través de cinco medios internacionales de prensa, entre ellos El País. El 7 de junio de 2006, el Consejo de Europa difundió un informe en el que acusaba de complicidad en prácticas contrarias a los derechos humanos a una docena de gobiernos europeos, entre ellos España. En el informe, coordinado por el suizo Dick Marty, se acusó a España de "permitir o dejar de investigar" el uso del aeropuerto de Palma de Mallorca como centro de tránsito de detenidos ilegales. Un día después, la entonces vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, se reunió con el embajador en España, Eduardo Aguirre a quien dijo que el informe tomó al gobierno totalmente fuera de juego e insistió en que España no tenía nada que ocultar en este asunto. De la Vega añadió, según la Embajada de EUA, que el gobierno estaba preparado para afrontar el escándalo "pero querría estar seguro de que tenía toda la información disponible para evitar ser sorprendido desprevenido”. “El embajador le hizo notar que también nosotros estamos interesados en preservar nuestra credibilidad y seremos cuidadosos en compartir cualquier información que tengamos para evitar toda actividad que pudiera causar problemas a las autoridades españolas”, continuó el texto. El cable añadió que De la Vega aseguró que “España no tiene reparos a los vuelos de inteligencia ñde la CIA y otras agencias] a través del territorio español”. Apuntó que ellos simplemente quieren ser informados y, si fuera necesario, poder demostrar que ejercían una vigilancia apropiada sobre los aviones extranjeros que atraviesan España. La decisión de detener el proceso judicial por los vuelos de la CIA contaría, según la versión de la embajada de Estados Unidos en Madrid, con la colaboración del fiscal de la Audiencia Nacional, Vicente González Mota.