Las autoridades venezolanas dieron muerte este jueves a 19 personas durante operaciones especiales contra la delincuencia en varios estados del país, informó el ministro de Interior, general Néstor Reverol.

Los operativos dejaron un "resultado de 19 abatidos: dos en Zulia, tres en Aragua, uno en Lara, uno en Monagas y 12 (en Caracas) en las parroquias San Juan y 23 de Enero", señaló Reverol a través de la televisión gubernamental.

El funcionario agregó que estas acciones forman parte de una nueva fase de las llamadas Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP) para "proteger a todos aquellos sectores víctima de la violencia criminal".

Según Reverol, los blancos de esta ofensiva son "mafias organizadas que generan zozobra". Un total de 16 personas fueron detenidas en Lara, en tanto se confiscaron 38 armas, incluidas cuatro granadas, precisó el reporte.

"Vamos a continuar estas operaciones necesarias para garantizar la paz de nuestra patria", anunció el ministro, indicando que el despliegue fue ordenado por el presidente Nicolás Maduro.

Venezuela registra altos índices de criminalidad. La tasa de homicidios en 2015 se situó en 58, 1 por cada 100.000 habitantes, seis veces más que el promedio mundial.

Puestas en marcha por el mandatario socialista en julio de 2015, las OLP dejan 245 muertos en lo que va del año, de acuerdo con la Fiscalía, cuya titular, Luisa Ortega, se expresó preocupada porque los operativos incrementaron las denuncias de violaciones de los derechos humanos.

Ortega refirió en julio pasado "un alto índice de funcionarios procesados penalmente" por esos delitos, aunque sin detallar la cifra.

Sin embargo, previamente informó que 72 policías y militares fueron detenidos por presuntos abusos entre enero y mayo de 2016, aunque no precisó cuántos por acciones ligadas a las OLP. Quince de ellos resultaron condenados.

La Fiscalía investiga supuestos casos de destrucción de viviendas y hurto por parte de efectivos policiales en las OLP, en las que además suelen tomar parte militares y la policía científica.

La organización no gubernamental Provea y activistas de derechos humanos aseguran que durante esos operativos se han cometido ejecuciones, detenciones arbitrarias y allanamientos ilegales, y no han logrado reducir la delincuencia.