Más de 211.000 personas se han registrado en Colombia como víctimas de grupos armados ilegales

Más de 211.000 personas se han registrado como víctimas de grupos armados ilegales ante la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía colombiana, informó hoy la emisora local Caracol Radio.

Cerca de 180.000 personas afirmaron ser víctimas del paramilitarismo, 10.000 acusaron a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), 2.200 al ELN y 5.000 fueron víctimas de los ex paramilitares Carlos y Vicente Castaño Gil.

Además, según estos datos, 9.500 menores de edad se acreditaron como víctimas de las acciones violentas de los grupos armados, 800 de ellos con edades inferiores a los 10 años. En materia de género, el informe de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía revela que 36.200 mujeres denunciaron haber sido objeto de delitos cometidos por paramilitares o guerrilleros.

También se indica que 135.000 de las 211.000 denuncias fueron presentadas por mujeres. Además, la mayoría de víctimas que se acreditaron como tal ante la Fiscalía, denunciaron haber sufrido el asesinato de sus familiares. En total 134.000 personas afirmaron que los grupos ilegales mataron a alguno de sus seres queridos.

De igual manera, 37.500 personas denunciaron haber sido víctimas de desplazamiento forzado, 21.869 denunciaron que alguno de sus familiares se encuentran desaparecidos y 1.312 afirmaron haber sufrido el secuestro por parte de los grupos al margen de la ley.

También se estableció según el informe, que 245 personas denunciaron haber sido víctimas de delitos sexuales cometidos por esos grupos. En materia regional, Antioquia es el departamento con el mayor número de víctimas registradas, con 59.000 personas y Medellín también encabeza los registros con 20.659 denuncias.

De acuerdo con el mismo documento, hasta el pasado 30 de abril, la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía había encontrado 1.761 fosas comunes, en las que halló 2.164 cadáveres de víctimas. Finalmente y según el informe, 38.000 víctimas han recibido atención jurídica y psicosocial por parte de la Defensoría.